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Nacional

12 de Febrero de 2019

Bienes Nacionales confirma que Piñera tramitó decreto, en su primer gobierno, para tener una playa concesionada

En la tramitación Piñera argumentó que buscaba “dar apoyo náutico a una propiedad mediante la regularización y uso de mejoras fiscales consistentes en 2 rampas, un hangar, una cancha de tenis, un muro, acceso a la playa, vereda, terraza, una losa (con quincho) y muros, con una vigencia de 10 años”.

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El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward se refirió a la publicación del sitio El Dínamo, que da cuenta de que el Presidente Sebastián Piñera tramitó un decreto para tener una playa concesionada de más de 800 metros cuadrados de playa en el Lago Caburgua, durante su primera gestión como Jefe de Estado.

De acuerdo a la publicación, en su tramitación Piñera argumentó que buscaba “dar apoyo náutico a una propiedad mediante la regularización y uso de mejoras fiscales consistentes en 2 rampas, un hangar, una cancha de tenis, un muro, acceso a la playa, vereda, terraza, una losa (con quincho) y muros, con una vigencia de 10 años”.

Se argumenta también que “las obras a mejorar realzan el encanto natural del sector, esto nace de la iniciativa por parte del solicitante de regularizar las instalaciones existentes”.

Pues bien, Ward hizo frente a la polémica, claro que sin abordar el supuesto conflicto de interés que se presenta:

“El decreto fue presentado el 2011 y aprobado el 2017, es decir, por el gobierno anterior”, partió afirmando.

Precisó que “en ese decreto se establece que esta playa es pública, tal como todas las playas de Chile”.

Para la autorización y avance de esta solicitud varios entes públicos dieron el visto bueno, como la Capitanía de Puerto de Villarrica y los comentarios de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acutático y la gobernación marítima.

Algunos de estos entes trabajaban bajo la dependencia del ministerio de Defensa, por ese entonces liderado por el senador Andrés Allamand.

La tramitación de Piñera mientras era Presidente fue aprobada en junio de 2017, durante el gobierno de Michelle Bachelet.

El asesor legislativo de la Cámara Bajo y miembro del grupo que trabajó en la Ley de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios sostuvo que “se podría decir que el Presidente tiene un playa privada mediante el mecanismo de una concesión marítima. Aquí se pone en cuestión la aprobación de una concesión para fines particulares. Y si bien no está limitado en la ley, es muy poco común este caso”.

“La ley está puesta en otra lógica, en la de uso productivo. Y cuando se habla de uso recreativo también es productivo; de turismo, no es para uso personal. Es para algo que yo pueda cobrar entrada, por ejemplo”, sentenció.

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