IMSI-catcher: así funciona la tecnología de espionaje que incluye la Ley Antiterrorista

Durante la jornada legislativa de ayer, el Senado despachó a segundo trámite el proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija las penas a aplicar. La iniciativa, que ahora será votada en la Cámara Baja, busca reemplazar la norma vigente, que data de 1984. La propuesta fue aceptada por unanimidad a través de todo el espectro político.

El nuevo proyecto de ley define la acción terrorista como toda organización de tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, formada para cometer delitos con el fin de socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado. Estos delitos graves incluyen, entre otros, el secuestro o sustracción de menores, homicidio o lesiones, incendios que pongan en peligro a las personas, ataques con explosivos, corrosivos, o armas químicas y biológicas, así como delitos informáticos.

Además, el proyecto de ley crea la figura del “lobo solitario” para el terrorismo individual. Tanto “conexo” (personas que actúan solas y adhieren a los fines de una organización terrorista) como “inconexo” (actos terroristas independientes). También sanciona a quienes financien el terrorismo proveyendo fondos a una asociación o lobos solitarios, aunque no formen parte de la organización.

Entre las 42 indicaciones del proyecto, se le otorgan nuevas facultades a las policías para investigar y prevenir delitos. En palabras más simple, se incluyen distintas técnicas de espionaje. Entre ellas, destaca la presencia del IMSI-catcher, que permite interceptar comunicaciones telefónicas y de datos móviles.

¿Qué es el IMSI-catcher?

Esta tecnología, utilizada en países como Canadá, Alemania y Estados Unidos, funciona como una antena de telecomunicaciones que atrae las conexiones de los celulares circundantes. Su uso permite la geolocalización, obtención de metadatos e incluso la interceptación o bloqueo de comunicaciones. El IMSI-catcher puede ser operado sin la cooperación de las compañías de comunicaciones y sin la necesidad de conocer específicamente el número de teléfono del sujeto investigado. Esto es posible ya que opera primeramente con la identificación del número de la tarjeta SIM de cada celular.

Lo preocupante de esta tecnología es que por su naturaleza, recoge información de todos los teléfonos cercanos, incluyendo los de terceros. Para preservar la privacidad de las personas, “el artículo obliga a que la resolución judicial que autorice su utilización establezca el plazo para que el Ministerio Público elimine o anonimice la información obtenida que no forme parte de la investigación y que además acredite ante el mismo tribunal la eliminación o anonimización señaladas”, señaló la senadora Paulina Vodanovic (PS) a LUN.

Posible afectación a la privacidad

El artículo 13 del proyecto permite que la Fiscalía solicite autorización a un juez para intervenir una o más redes de servicios de telefonías. Esto, siempre y “cuando existan fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que la información que se recopile será relevante para la investigación”. Asimismo, “se podrán recopilar todos los metadatos y datos que se transmitan a través de dichas redes”, durante 15 días. El juez indicará el plazo para borrar la información que no sea útil.

Si bien el IMSI-catcher puede ser útil para la investigación y prevención de actos terroristas, algunas autoridades expresaron su preocupación en cuanto a la posible afectación a la privacidad de las personas. También existe el riesgo de que dicha tecnología se utilice de manera indebida o abusiva. Por ello, el Ejecutivo se comprometió a revisar la redacción de este artículo. “Para que no quede duda de la compatibilidad de este sistema con las garantías y derechos que nuestra Constitución establece”, añadió Vodanovic.