25 años de la despenalización de la homosexualidad en Chile: el recuerdo de quienes vivieron redadas y detenciones en los 90

Este sábado, a partir de las 14 horas, Plaza Baquedano vivirá una nueva Marcha del Orgullo Gay local. Organizaciones dedicadas a conseguir la plena inclusión de la diversidad sexual en la sociedad y a defender sus derechos llaman -entre otros temas- a abogar por la reforma a la Ley Antidiscriminación y a exigir la reforma a la Ley Zamudio. Será la manifestación número 24 y tiene un tono simbólico, porque esta marcha celebrará que sólo han pasado 25 años desde la despenalización de la homosexualidad en Chile.

El viernes 2 de julio de 1999, apenas meses antes de que el mundo entrara en el siglo XXI, se promulgó la ley 19.617 que llegaba a modificar una serie de cuerpos legales en materias relativas a la violación. Uno de sus efectos prácticos, el menos abordado por la prensa de la época, que en ese momento apostó por relevar la ampliación del poder de la Justicia contra los abusadores, era que se enterraba para siempre el artículo 365 del Código Penal. 

Ese breve texto, que databa del siglo XIX, tipificaba la práctica sodomítica -o coito entre hombres- como una falta punible. Había sido discutido en las sesiones del Congreso Nacional entre el 10 y 17 de abril de 1872 y señalaba: “El que se hiciere reo del delito de sodomía sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio”. Eso quería decir que cualquier persona sorprendida arriesgaba entre los 541 días y los 3 años. 

La ley 19.617 permitía cerrar al fin la puerta a que en este país se considerara criminal y se encarcelara a un ser humano solo por ser gay. Quien había presentado -seis años antes- el proyecto, cuya historia de 818 páginas puede leerse en la Biblioteca del Congreso, fue el primer presidente tras el regreso a la democracia, Patricio Aylwin. Quien promulgó la ley 19.617 fue su sucesor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

Hoy, en la web del Senado, también se puede acceder al boletín 6685-07, de septiembre de 2009. Ese informe, firmado -entre otros- por Fulvio Rossi, María Antonieta Saa y Gabriel Silber, reza en su título: “Igualando derechos de las personas, al margen de su orientación sexual”. En uno de sus párrafos se afirma que “la salud sexual de los hombres homosexuales mayores de 18 años fue hasta 1999 violentada por el Estado, a través del artículo 365 del Código Penal”. También se recuerda que era posible sancionar relaciones sexuales “de mutuo consentimiento y en espacios privados” y se señala que había una desigualdad que “afectaba la libertad sexual y el desarrollo sin traumas de la personalidad”.

El libro “Raro. Una historia gay de Chile”, del periodista Óscar Contardo, afirma que en realidad para castigar las relaciones consentidas entre adultos el artículo 365 “rara vez era aplicado”. Sí funcionaba para otra cosa: “Como un símbolo de que la cercanía entre personas del mismo sexo -varones en este caso- tenía un límite, y que ir más allá era entrar en el terreno de lo criminal”.  

Contardo explica por qué se usaba poco: los acusados “tenían que ser denunciados por alguien que había visto directamente a dos hombres manteniendo acceso carnal”. El periodista considera que el 365 reflejaba, de modo evidente, que una forma de ver el mundo y la sexualidad se había introducido en el lenguaje legal de un país que desde 1925 es laico: “Ponía una categoría bíblica, la sodomía, en el Código Civil”. 

La palabra sodomía proviene del latín tardío y deriva del nombre bíblico Sodŏma. Esa ciudad es citada en el libro del Génesis como un lugar destruido por Dios a causa de la depravación de sus habitantes. En otro texto bíblico, el Libro de Ezequiel, se explica que esos pecados eran el orgullo, el descuido y no haber ayudado a los pobres. Pero, en nuestros días, Sodoma es metáfora de pecados relacionados con la sexualidad. Tal como define la Real Academia Española, sodomía refiere a la “práctica del coito anal”. Con ese matiz contemporáneo es que fue citada mientras se discutía la ley 19.617 en el Congreso, durante la década de los 90.

“Los principales culpables de que Chile se vaya transformando en la Sodoma de Sudamérica”

En una de las discusiones, el perito agrícola y diputado de RN en la región de La Araucanía, René Manuel García, sostuvo: “Si hay personas que tienen ese problema, las respeto y les doy la condición de ciudadanos, porque sería ilógico y antidemocrático decir que no lo son, pero no quiero que den el ejemplo en los lugares públicos”. García pedía a sus compañeros ser “normales” y velar por los hijos y “por los matrimonios bien constituidos”, no abrir la puerta a “una debacle” en Chile: “Estamos de acuerdo en modernizar el país en lo social, en lo económico, pero la moral tiene un solo nombre: gente normal y entre sexos opuestos”. 

El diputado añadía que no quería que se le cobrara en el futuro ser “culpable de este flagelo que hay en la sociedad” y llamaba a no ser “los principales culpables de que Chile se vaya transformando en la Sodoma de Sudamérica”. Para él, la homosexualidad era una lacra y la protección de “las buenas costumbres” y “la moral” evitaría “las campañas del sida, las infecciones que ha provocado, y todo este castigo que Dios ha impuesto, prácticamente, a toda la comunidad homosexual del mundo”.

El diputado de la DC, Ignacio Walker, aclaraba que no se quería despenalizar la práctica sodomita, sino ponerla en su justa dimensión: “Se mantiene la sodomía con menores de 18 años; se incorpora la violación sodomítica, cuando interviene fuerza o intimidación, o la víctima está privada de razón, o es menor de edad”. También reconocía que prescribir la abstinencia sexual a los homosexuales: “Es absurdo, pues significa decir: o hay abstinencia sexual o los homosexuales van a la cárcel”.

Al final, el trámite legislativo fue largo. Se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados el 2 de agosto de 1995, después de indicaciones, modificaciones y peleas. Durante el proceso votaron en contra Carlos Bombal y Andrés Chadwick, ambos de la UDI, y Alberto Cardemil, de RN. Del Senado salió aprobado el 9 de septiembre de 1997, pero sin incluir la despenalización de la sodomía, lo que enojó a parlamentarios concertacionistas, entre ellos Fanny Pollarolo (PS), quien había apoyado el cambio desde el comienzo. Finalmente, tras pasar por una Comisión Mixta, el fin del artículo 365 fue aprobado por ambos estamentos del Congreso. Tras su promulgación, la ley 19.617 fue publicada el 12 de julio de 1999.

Óscar Contardo indica que todo el proceso fue apoyado de modo sistemático por muy pocas personas, casi siempre mujeres. Además de Pollarolo, cita a María Antonieta Saa (PPD): “Para ser justos aquí, hay que decir que Rolando Jiménez, uno de los fundadores del Movilh, fue el que siguió empujando, aún después de que el Movilh original se desarmara”. El autor de “Raro…” explica que en esa primera década de democracia “los políticos de izquierda no veían en este tema un asunto de derechos humanos”.

Tampoco lo veían los medios de comunicación. Ni en ese momento ni antes. Si se revisan recortes de prensa de la primera mitad del siglo XX, es posible leer -por ejemplo- un título como “Curioso caso de degeneración”, en referencia a una persona que se vestía de mujer y que -quizá- hoy podría identificarse como transexual. También se ve cómo a un grupo de homosexuales fotografiados se los califica de “invertidos, degenerados, repugnantes, ridículos y asquerosos”. Ya en los años 70 se leen titulares como “Allanan nido de rarones” y “Ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los maracos de Plaza de Armas”. Palabras como incidencia, activismo, identidades no binarias, discriminación o visibilidad estaban fuera del léxico.

Movilh -sigla de Movimiento de Integración y Liberación Homosexual- apunta en su página web que, desde el 28 de junio de 1991, es “un organismo defensor de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y trans e intersex (LGBTI)”. Sobre la ley 19.617, mejor conocida como de la Despenalización de la Sodomía, indica que ese fue “el único organismo de la sociedad civil que trabajó en forma continua y sistemática por la modificación de la enmienda, efectuando acciones nacionales e internacionales”.

“Raro…” consigna la historia, contada por él mismo, de cómo Rolando Jiménez fue víctima de un allanamiento en el cine Capri en el año 1987. Al amparo del Código Civil y bajo el paraguas de evitar atentados contra la moral y las buenas costumbres, fuerzas de orden y seguridad realizaban redadas en los pocos locales nocturnos que funcionaban a fines de los años 70; durante la década de los 80, en las postrimerías de la dictadura, y también en los 90.

Las detenciones en discotecas como Fausto

Una nota de 1979 del diario “Las Últimas Noticias” cuenta en su título que la policía allanó una “discoteque para desinhibidos muy in”. En el texto se habla de “hombres vestidos de mujer, y eso que no era fiesta de disfraces”. Se indica también que el operativo fue a eso de las 5:00 de la mañana de un lunes y se afirma que alguien había tenido conocimiento de que ahí se atendía “a menores de edad, los que consumían licores de forma indiscriminada”. Además, se dice que, desde la inauguración y según vecinos no identificados, al local llegaban personas “muy raras y de extrañas costumbres”.

El sitio en cuestión, aun ubicado en Santa María 0832 en Providencia, era el Fausto, hoy reconocido como la discoteca gay más antigua de Latinoamérica, un emblema de la comunidad, que había abierto sus puertas unos pocos meses antes de esa primera redada. Aquel operativo contabilizó -según otro reporte periodístico que consigna como hora del hecho las 4:30- a unas 320 personas. Todas -se añade- fueron inscritas “en una lista especial” y hubo ocho o nueve menores de edad retenidos, quienes fueron entregados “a sus padres al día siguiente, previa notificación al tribunal”.

Mao Farías tiene 55 años y trabaja como transformista desde 1989. Debutó en bar El Escondite, del barrio Bellavista, y desde la década de los 90 es anfitriona de Fausto, con el nombre de Maureen Junott. Cuenta que llegó a Santiago desde Melipilla a los 20 años: “Ya habíamos salido de la dictadura, pero para nosotros la transición fue muy lenta, porque con la policía y los allanamientos seguíamos igual, no hubo un cambio”.

Dice que ella y sus compañeras experimentaban esas redadas “como castigo” y explica: “Hacían control de identidad. Entraban y prendían las luces; los hombres para un lado y las mujeres para el otro; se acababa la fiesta. No se llevaban a todo el mundo, porque el local era legal y tenía su patente, entonces no podían hacer mucho más, pero sí era un tipo de amedrentamiento”. 

Junott especula que la idea era que a “la gente le diera susto” y que “dejaran de ir” a la disco. Indica que había un momento especialmente incómodo: “No te podían ver bailando con otro hombre, por eso de la moral y las buenas costumbres. Entonces, muchos se quedaban parados o se iban para un lado solos. Otros agarraban a la primera niña que veían, amiga o lesbiana, lo que fuera”. Sostiene que, en los primeros años de los 90, la comunidad gay seguía teniendo el peso de la dictadura encima, cuando “la policía era como un símbolo” de represión: “Nosotros éramos unos niños y yo especialmente, que venía de un pueblo. Nos asustábamos”.

Una vez -cuenta- se la llevaron junto a una compañera. No se acuerda de si fue en 1991 o 1992. Ella estaba vestida como un personaje de telenovela llamado Abigaíl. Así se la llevaron: “Estuvimos toda la noche en una comisaría de Ñuñoa y después, en la mañana, fuimos al control en un juzgado de Providencia. Nos pusieron una multa, que era como un sueldo mínimo de la época, unos cuarenta mil pesos a cada una, un dineral, que pagó la discoteque”. 

Dice que no supo cuál fue el cargo que le imputaron hasta que se lo contó una hermana, quien a su vez supo porque apareció en la hoja de vida otro hermano, que es uniformado: “Yo lo único que quería era salir de ahí, sentirme a salvo, porque todavía en esa época creías que estar detenido podía significar que ibas a desaparecer. Firmé sin leer, para mí era un trámite y no tenía tan claras las cosas. Mi hermana me dijo que en la ficha aparece ‘falta a la moral y a las buenas costumbres e incitar al sexo en la vía pública’”.

-¿Pero usted estaba en un local?

-Lo que pasa, deduzco hoy, es que ésa debe haber sido la costumbre de la época, porque todo era mucho más cuadrado.

El miedo a las redadas

Iván, de 53, cuenta que estuvo “escarbando entre varios amigos, muy distintos todos” para recordar sus años 90. Coincide con Maureen Junott en que no podían evitar sentir miedo todo el tiempo, aunque jamás dejaron de salir: “Las redadas eran normales en esa época, y diría que en todo el ámbito de la noche. Se había instalado el concepto de crisis moral y teníamos integrado como parte de la realidad que podían llegar”.

Él vivió dos redadas. Una en un local del centro de Santiago, el Quásar, y la otra en Fausto. “Era algo simple”, dice. Los carabineros encendían las luces, ponían a todo el mundo en fila y pedían el carnet de identidad. En ambos casos -añade- la excusa era buscar menores de edad: “Después, todo el mundo se iba. Nadie quería estar expuesto y uno realmente sentía que tenía todas las de perder”. 

Iván agrega que, en otro sitio, la disco Búnker de Bellavista, vivió el nerviosismo de los guardias: “Yo estaba con mi pololo en una zona exclusivamente gay. Nos íbamos a dar unos besos y me fueron a parar, que no se podía hacer eso. Yo me indigné. Había una especie de ansiedad, pero es que el contexto era que podían venir a cerrarte en cualquier momento, por atentar contra la moral y las buenas costumbres”. 

Él lo único que él quería era que la transición fuera más rápida, pero eso no pasó: “Al final, nosotros no tuvimos un destape y cuando todo explotó, curiosamente, fue justo cerca de la despenalización. Lo que percibí en un momento es que había una olla que iba a explotar y fue entonces que la gente se empezó a liberar de verdad”.

Un grupo que no encajó del todo bien el proceso que derivó en la ley 19.617 de 1999 fue el de las lesbianas organizadas. La periodista, escritora y activista Érika Montecinos explica que el movimiento lésbico feminista, “si bien ha sido generalmente invisibilizado, tiene una larga historia que data del año 1983, con la primera organización lésbica en Chile”. En la discusión de la ley -agrega- esas voces no tuvieron repercusión.

Un recorte de prensa de la época relata que la Coordinadora Nacional Lésbico-Feminista pidió a los parlamentarios patrocinantes retirar la propuesta: “Con este proyecto nos tipifican legalmente y nos hacen visibles”, afirma una vocera. Montecinos contextualiza: “Antes, el Código Penal hacía referencia al hombre que accede a otro hombre. Pero con la nueva redacción, que fue neutra y que penalizaba a quien accediera a un menor de 18 años de su mismo sexo, se daba a entender que se podía incorporar a las mujeres. Yo creo, y esta ya es mi opinión, que cuando hicieron la ley ni siquiera pensaron en nosotras”.

El fin del artículo 365 del Código Penal va a ser celebrado por la comunidad gay en la marcha de hoy. El Movilh señala en su web que, desde que hace 25 años la homosexualidad fue quitada de la lista de delitos en Chile, se abrió la puerta “a todas las futuras transformaciones estatales” a favor de los derechos LGBTIQ+. También que “aún falta mucho para alcanzar la plena igualdad”.

Óscar Contardo identifica un primer auténtico salto hacia adelante en la marcha de 2011, con la participación de Fundación Iguales: “Significó, y esto es muy importante en el contexto de cómo funciona Chile, que el tema llegaba a las mesas, las sobremesas y la conversación en el mundo de la clase dirigente”. Contardo explica que esa burguesía “tradicionalmente había silenciado a los hijos y a las hijas gays y lesbianas”. Añade que, en los años 80, el movimiento se identificaba más con una pertenencia popular y de resistencia a la dictadura y que, a partir de los 2000, se fue alcanzando una conciencia de identidad y de demanda de derechos, que con la irrupción de Iguales fue imposible de obviar. 

-Eso identifica a Luis Larraín como una figura fundamental.  

-O sea, fundamental. A la primera ola se le llama movimientos de liberación, pero él representa un mundo totalmente distinto al de la generación anterior, la de esos primeros movimientos. Y él podría haberse quedado calladito, en su casa. Pero, en cambio, decide armar esta fundación y trabajar por los derechos de la diversidad sexual y eso lo cambia todo, porque obliga a la clase dirigente a enfrentar el tema en su contexto.