Ministro Grau vuelve a estar en la cuerda floja: partidos amenazan con levantar acusación constitucional por mal cálculo en Hacienda

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), ha vuelto a estar en el centro de las críticas junto a su directora de Presupuestos, Javiera Martínez (Frente Amplio), luego de que la repartición dependiente del ministerio diera a conocer el viernes pasado el déficit estructural de 2025, el que fue del orden de 3,6% del PIB, lejos de la estimación del Ejecutivo, que en 2025 proyectó en 2,2% y en 2024 en 1,1%.

Así, el antecedente brindado por la Dirección de Presupuestos se transformó en el tercer incumplimiento de la meta fiscal en lo que va de la administración del Presidente Gabriel Boric, asumida en marzo de 2022. Por lo mismo, los dardos no tardaron en dirigirse hacia Martínez, los que, a su vez, también han tenido impacto en el titular de Hacienda.

Grau, quien asumió en agosto de 2025 en Teatinos 120, ya había sido blanco de cuestionamientos hace un par de meses. A finales de diciembre, su nombre fue apuntado por la oposición en la antesala de la presentación de la ley de reajuste del sector público, que cada año modifica el sueldo de los funcionarios fiscales.

Sin embargo, en esa oportunidad al ministro se le buscó otorgar responsabilidad por la norma que incluyó el Gobierno en la propuesta, alejada de la modificación salarial, y que exigía mayores garantías para culminar los vínculos contractuales entre un funcionario a contrata con su respectiva repartición pública.

Desde la derecha denominaron el proyecto como “ley de amarre” con los empleados públicos y sus respectivos puestos de trabajo, lo que ocurría —por entonces— a solo meses de que el Presidente Boric entregara la banda presidencial al presidente electo José Antonio Kast.

La tensión fue tal que la UDI levantó la posibilidad de acusar constitucionalmente a Grau si es que el Ejecutivo persistía en la presentación de la norma, la que fue finalmente incluida en la discusión legislativa, aunque rechazada por el Congreso.

Si bien Grau superó ese episodio sin mayores ofensivas posteriores y desplegando su agenda con normalidad —incluso a inicios de febrero concretó su reunión bilateral con quien será su sucesor, Jorge Quiroz—, la errada proyección de Hacienda y la Dirección de Presupuestos volvieron a poner su nombre en boca de parlamentarios opositores.

Sesión especial en el Congreso para evaluar una futura acusación constitucional

En la bancada de RN en la Cámara de Diputados ya se han comenzado a tomar cartas en el asunto respecto a Grau, a pesar de que el Congreso se encuentra en pleno receso legislativo.

El diputado Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, señaló a este medio que —junto a otros comités parlamentarios— está el interés en convocar “una sesión especial y analizar la posibilidad de la acusación constitucional“.

La sesión especial —distinto de una interpelación parlamentaria— se haría con el fin de que los diputados puedan tener a disposición a Grau para realizarle consultas respecto a los números y proyecciones realizadas por Hacienda, las que no han coincidido con el resultado final.

Una vez superado ese proceso, las bancadas de RN, UDI, republicanos y hasta de Demócratas evaluarán si proceden o no con una acusación constitucional contra el economista de la Universidad de Chile, para la cual tienen hasta un plazo de seis meses, una vez Grau deje Hacienda, para presentar el libelo acusatorio en su contra.

Hasta ahora, son 9 las acusaciones constitucionales que se han presentado desde 2022 contra autoridades del Gobierno. Por el Congreso como acusados han pasado los exministros Izkia Siches, Carolina Tohá (PPD), Carlos Montes (PS), Marco Antonio Ávila (Frente Amplio), Maya Fernández (PS), Marcela Ríos (Frente Amplio), Giorgio Jackson (Frente Amplio), Diego Pardow (Frente Amplio), además del delegado presidencial Gonzalo Durán (Frente Amplio). Ninguna de las ofensivas ha prosperado hasta su final.

Si bien el exministro de Hacienda Mario Marcel también ha recibido críticas por su papel en la cartera, en la oposición indican que es poco probable que se impulse una acusación constitucional contra él ya que por estos días se cumplirán seis meses desde que dejó el ministerio, lo que impide presentar una medida de este tipo.