Escuelas Protegidas será ley, pero oposición anuncia que llevará el corazón de la norma al Tribunal Constitucional

Este martes tras casi dos meses de debate, la Cámara de Diputados despachó a ley el proyecto de Escuelas Protegidas impulsado por el Ejecutivo, tras aprobar las modificaciones que le hizo el Senado a la iniciativa.

Con 105 votos a favor, 46 en contra y ninguna abstención, se aprobó el proyecto que busca establecer medidas preventivas y endurecer sanciones en colegios.

Entre los principales puntos que regula la norma, está que los establecimientos podrán revisar las mochilas y bolsillos de los estudiantes, se prohibirá el uso de capuchas y que existirán sanciones para quienes participen de tomas o hechos de violencia.

Otro de los artículos principales de la ley es el cambio de los requisitos para adscribir a la gratuidad universitaria: ahora, quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública en establecimientos educacionales (incluidos de educación superior), no podrán suscribir a este beneficio.

La pérdida del beneficio, además, tendrá una duración de 5 años desde la condena.

La norma además plantea que quienes sean condenados por delitos contra un profesional o asistente de la educación, tendrá la prohibición de celebrar contratos con el Estado por tres años.

También permite a los establecimientos suspender el derecho de ingreso de apoderados o personas externas que hayan agredido física o verbalmente ya sea a un funcionario o a un estudiante.

Todas las medidas podrán ser aplicadas por las comunidades escolares y empezarán a regir una vez que se promulgue la ley en el Diario Oficial, salvo la referente a la gratuidad, puesto que primero se dictará un reglamento que regula su aplicación, el cual tiene un plazo de tres meses desde publicada la ley.

La titular de Educación, María Paz Arzola, destacó que “la idea es que los colegios puedan implementar esto cuanto antes y poder disponer de las herramientas que les permitan hacer frentes a hechos de violencia, delito, que hoy día les están impidiendo estar en un entorno seguro como debe ser para poder tener las condiciones para generar los aprendizajes”.

Oposición llevará el proyecto al Tribunal Constitucional

Pese a que la norma se despachó, los diputados de oposición insisten en sus reparos a la iniciativa, por lo que al momento de la votación hicieron reserva de constitucionalidad de tres artículos, con la finalidad de impugnar la norma en el Tribunal Constitucional.

El diputado Juan Santana (PS) explicó en Sala que serán al nuevo inciso sexto del artículo 16J “por vulnerar garantías constitucionales de los estudiantes, en particular la referida al respeto y protección de la vida privada y la honra de las personas y sus familias, en tanto es desproporcionada”.

Y también al artículo 6, ya que “el establecimiento de una doble sanción, es decir, la pena y la pérdida de gratuidad y que la regulación se derive a reglamento, contraviene la garantía del debido proceso y desproporcionalmente el derecho a la educación, contraviniendo lo dispuesto lo dispuesto en los numerales 3, 10 y 26 de dicho artículo”, dijo Santana.

La bancada PPD representada por Héctor Ulloa también hizo reserva de constitucionalidad del artículo 6, mientras que la diputada Emilia Schneider (FA) dijo que su bancada también aplicaría la reserva de constitucionalidad.

En el caso del Frente Amplio, sería respecto al artículo 1 numeral 2, artículo 2, artículo 5 numerales 1 y 2, y artículo 6.

“La fundamentación de esta es precisamente que hay una infracción de los artículos 5, inciso segundo de la Constitución de la Política de la República y su artículo 19 en sus numerales 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13 y 26, así como una vulneración a los estándares derivados del artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los artículos 2.1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, incorporados a nuestro ordenamiento por la vía del artículo 5, inciso segundo, de la carta fundamental”, dijo Schneider.

Y agregó: “Las disposiciones señaladas vulneran, según correspondan, las garantías de igualdad para la ley, debido proceso, vía privada, libertad de conciencia, libertad de expresión, derecho a la educación, libertad de asociación, reserva legal y protección del contenido esencial de los derechos fundamentales”.

Los artículos aludidos son, precisamente, el corazón de la ley, que consta apenas de seis artículos permanentes y uno transitorio. Y las reservas de constitucionalidad son aquellas normas referentes a la revisión de las mochilas y la pérdida de gratuidad por cinco años.

Sin embargo, la ministra de Educación aseguró que están tranquilos con la ofensiva opositora: “Nosotros estamos tranquilos con lo que se ha discutido, con lo que se ha tramitado y pensamos que la reserva de constitucionalidad es parte del proceso, los parlamentarios están en su legítimo derecho de poder recurrir a este tipo de instancias, pero nosotros estamos tranquilos”.

“Hemos estudiado bien las disposiciones que contiene este proyecto o esta ley, así que estamos solamente esperando para poder, digamos, poner a disposición de los colegios las herramientas que son necesarias. Este proyecto ofrece herramientas, viene a formalizar prácticas a las que los colegios ya están teniendo que recurrir y por lo tanto necesitamos avanzar con ellas cuanto antes en su implementación“, dijo.