Diputada Gazmuri sobre masivo operativo en dispensadores de cannabis: “Ojalá que no sea un retroceso para los pacientes, porque esta ha sido una lucha muy larga”

Fiscalía y Carabineros encabezaron este jueves un masivo operativo simultáneo desde Antofagasta hasta Aysén con el objetivo de desarticular lo que se investiga como una banda dedicada al tráfico de cannabis y sus derivados, lo que se realizaba mediante la fachada de dispensarios medicinales.

Así, se ejecutaron simultáneamente una serie de diligencias. Si bien en un comienzo eran 42 órdenes judiciales de entrada y registro, como 38 órdenes de detención, finalmente, según informó el fiscal regional de Aysén, terminaron 72 personas detenidas en el marco de esta investigación.

“Esta causa (…) se sigue por los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo de plantas del género cannabis, desvío de cultivo autorizado, asociación ilícita para cometer delitos de tráfico de drogas, y lavado de activos”.

De esa forma, decenas de dispensarios medicinales han sido allanados esta jornada.

En Chile no existe la venta abierta al público de cannabis, pero lo que sí está regulado es su uso medicinal. Ahí es donde nacen los “dispensarios” de cannabis.

Son organizaciones que nacen con la finalidad de ser sin fines de lucro y están amparadas por la Ley 20.000, dado que funcionan con un sistema cerrado de socios que se deben inscribir y que deben contar con una receta médica que acredite su terapia, lo que, según la tesis de Fiscalía, es lo que no estaría ocurriendo en este caso.

Según informó T13, la tesis de Fiscalía es que estos dispensarios habrían sido utilizados para aparentar legalidad, con operación de sucursales y distribución, pero que en la práctica habrían obtenido ganancias superiores a los $8 mil millones.

“Yo no digo que esté mal el expendio de cannabis, solo que en Chile esa regulación no la tenemos”

Generalmente si uno piensa en una autoridad en Chile que maneje al revés y al derecho todo lo que involucra la legislación en torno al uso y cultivo de cannabis, es la diputada Ana María Gazmuri.

Gazmuri ha dedicado las últimas décadas de su vida a promover el uso de cannabis medicinal y flexibilizar su consumo, además de haber sido cofundadora de la Fundación Daya, motivo por el que ha celebrado los grandes logros de los último años, como la Ley 21.575 publicada en 2023, que reconoce el cultivo médico de cannabis.

Por lo mismo, en conversación con The Clinic, la diputada si bien enfatiza reiteradamente que se debe esperar el resultado de la investigación, dando como ejemplo el caso de Greenlife, dispensario que también fue allanado en 2017 y luego en 2020 resultó absuelto tras comprobarse sus fines terapéuticos, muestra preocupación por el estigma que puede conllevar esto en el uso de marihuana medicinal.

Con todo, respecto de las especulaciones en torno a las diligencias de Fiscalía, Gazmuri dice que “es importante que se haga la investigación, porque efectivamente estos cultivos colectivos tienen que ser proporcionales a los socios que tengan, a los integrantes de su cooperativa. Y si lo que están acusando es que esto excedería a aquello, bueno, es lo que se tiene que investigar. Porque aquí lo que insisto yo es que lo que defendemos es el modelo utilizado correctamente. Y esta investigación tendrá que demostrar si este era el caso o no”.

“Yo no digo que esté mal el expendio de cannabis, solo que en Chile esa regulación no la tenemos”, enfatiza.

En esa línea, explica que “los cultivos colectivos tienen toda una orgánica interna, tienen sus propios reglamentos y manual de buenos funcionamientos. Y si hay algún cultivo colectivo que esté cayendo en esas prácticas, está fuera de los lineamientos que se han dado las propias organizaciones”.

Incluso, enfatiza que precisamente una característica de los dispensarios es que son sin fines de lucro y no hay comercialización.

“Hay un mundo de personas, de usuarios que requieren acceder a estas terapias, y que justamente mientras no terminemos de ordenar cómo se accede (…) la verdad es que es difícil evitar que se produzcan situaciones como esta”, dice Gazmuri.

Y agrega: “Es muy importante que esto no dé pie a estigmatizar un modelo que ha servido muchísimo a los pacientes”.

“Ojalá que no sea un retroceso para los pacientes, porque esta ha sido una lucha muy larga, ha costado mucho conquistar hasta donde hemos llegado”, menciona.

La ausencia de reglamentos en la Ley 21.575 que regulen los autocultivos

La ley 21.575, por ejemplo, aplica tanto para los autocultivos como para los cultivos colectivos, que son precisamente los que realizan los dispensadores médicos para llegar al volumen necesario para sus pacientes.

Sin embargo, Gazmuri dice que el problema es que “el gobierno del presidente Gabriel Boric quedó totalmente en deuda”.

“Porque una ley no basta solo con la ley, sino que también obligado constitucionalmente, a los tres meses tienen que haberse hecho los protocolos, los reglamentos (…) y se hicieron de todos los aspectos menos de este (…) y a pesar de mi insistencia hasta el último día de gobierno, eso no ocurrió”.

Ese también es uno de los problemas, dice Gazmuri: sin esos reglamentos, no existe el detalle de los límites, por ejemplo, de cuántas plantas puede tener una persona por autocultivo.

“La cantidad que cultiva una persona tiene directa relación con su prescripción médica. Y entonces aquí encontramos un desconocimiento porque Fiscalía por 500 o 600 gramos dice ‘esto es tráfico porque es muchísimo, no puede ser para un paciente’, desconociendo que lo mínimo que necesita un paciente regular en promedio son 900 gramos al año”, dice.

“Aquí lo que probablemente hay es una falta de marcos regulatorios para otros usos del cannabis”

En resumen, el gran problema que genera este caso, menciona la diputada, es que “en el caso de que se acredite de que efectivamente se comercialice cannabis más allá del que se le entrega a los pacientes que legalmente corresponde, obviamente que eso lo que hace es sembrar dudas sobre el modelo y eso, por supuesto, no es positivo”.

“Por eso, para mí, es tan importante defender el modelo. No quisiéramos que esto pasara, pero por otro lado, aquí lo que probablemente hay es una falta de marcos regulatorios para otros usos del cannabis, que termina generando estas cosas por el lado, que obviamente no son las que queremos”, dice.

En esa línea, agrega que “lo que queremos es que todo esté siempre dentro de un marco institucional, con normas claras, que es lo que hemos propendido. Pero no hemos tenido todavía la fuerza, por ejemplo, para tener una regulación completa del cannabis, en que se despejen estos asuntos y que la persona que quiera comprar cannabis pueda hacerlo regulado, normado, pagando impuestos. Esa es otra conversación, pero desgraciadamente no hemos logrado llegar a esa conversación más completa en Chile”.

“Si se llegara eventualmente a demostrar que aquí se ha hecho un abuso del modelo, por supuesto que es negativo para la lucha que por tantos años tantas cientos y miles de personas han dado de manera valiente, de manera ordenada, con un compromiso con la salud de su comunidad”, enfatiza la diputada.