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17 de Noviembre de 2026

El detalle del polémico acuerdo entre el Ministerio de Ciencias y OpenAI: considera capacitación en inteligencia artificial para funcionarios públicos

Entre sus objetivos está el mejorar los servicios públicos, capacitar a funcionarios en el uso eficaz y responsable de inteligencia artificial, explorar apoyo para la infraestructura tecnológica de Ciencias y fortalecer el ecosistema chileno de startups e innovación en IA. 

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El Ministerio de Ciencias firmó un acuerdo de cooperación con OpenAI para explorar la incorporación segura y responsable de herramientas de inteligencia artificial en el sector público. 

El acuerdo, que no es vinculante, plantea una serie de área de colaboración. Entre sus objetivos está el mejorar los servicios públicos, capacitar a funcionarios en el uso eficaz y responsable de inteligencia artificial, explorar apoyo para la infraestructura tecnológica de Ciencias y fortalecer el ecosistema chileno de startups e innovación en IA. 

En materia tecnológica, tanto la cartera liderada por Ximena Lincolao y OpenAI explorarán la forma de adaptarse a las herramientas de inteligencia artificial con el objetivo de implementarlo en la gestión administrativa. 

Para esto último, el ministerio podrá solicitar apoyo para incorporar nuevos modelos, además de asesorías y capacitación para sus funcionarios. 

Entre las tecnologías consideradas que menciona el acuerdo está ChatGPT Work, Codex, Chat GPT Edu y los modelos de frontera de OpenAI, además de herramientas de ciberseguridad y soluciones vinculadas al área de salud, siempre sujetas a disponibilidad, elegibilidad y aprobaciones correspondientes. 

Capacitación de funcionarios en IA

El acuerdo también suscribe la capacitación de los funcionarios público en programas de alfabetización en inteligencias artificial y perfeccionamiento laboral, adaptados a las funciones de los trabajadores del Estado. 

Entre los contenidos considerados están el uso de herramientas de inteligencia artificial, la verificación de sus resultados, la protección de información sensible, la supervisión humana y el uso responsable de estas tecnologías en la administración pública. 

Apoyar startup locales

También se apunta a mejorar el ecosistema de emprendimiento tecnológico, explorando mecanismos para apoyar a las starup locales de inteligencia artificial entregándole acceso a programas y tecnologías de OpenAI. 

En una fase inicial, un grupo de emprendedores podrá reunirse mensualmente para revisar prioridades, planes de trabajo, capacitación riesgos y eventuales expansiones. No obstante, sus atribuciones estarán limitadas: podrá recomendar actividades pero no modificar contratos, comprometer recursos ni aprobar el acceso a productos. 

El acuerdo establece enfáticamente que cualquier implementación deberá considerar criterios de uso lícito, seguro y responsable de la inteligencia artificial, incluyendo supervisión humana, privacidad, protección de datos, seguridad de la información y evaluación de los resultados. 

Un acuerdo no vinculante 

El convenio no establecer una inversión determinada ni garantiza financiamiento, así como tampoco fija una compra mínima de productos o servicios. Cualquier contratación de servicios, licencias, consumo de API, capacitación, soporte técnico o actividades de ciberseguridad deberá quedar establecida en acuerdos posteriores, en los que se definirán aspectos como precios, usuarios autorizados, obligaciones de pago y condiciones de seguridad. 

Ninguna de las partes, suscribe el documento, está obligada a celebrar esos acuerdos posteriores y que una eventual expansión dependerá, entre otros factores, del financiamiento disponible, los requisitos de contratación pública, la viabilidad técnica y las aprobaciones correspondientes. 

El memorando no contempla un compromiso de instalar infraestructura de OpenAI en Chile.

Por último, el acuerdo tiene carácter no vinculante, salvo las disposiciones relativas a publicidad y comunicaciones y a confidencialidad. El documento precisa que el memorando no constituye una adjudicación de contratación pública, un acuerdo de exclusividad ni un compromiso de comprar o proporcionar servicios.

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