Acusan estafa y quiebra dolosa: Papelera Dimar se enfrenta a querella de parte de sus inversionistas canadienses

A fines de abril, la justicia decretó la quiebra de la Papelera Dimar, empresa chilena con más de 50 años en el mercado. Fundada en 1973 por la familia Ariztía Reyes, la compañía acumuló deudas por más de $48 mil millones. Su principal acreedor era banco Itaú, con el 10% de la deuda total. La entidad financiera no aceptó la propuesta de reorganización que presentó la empresa, votada en la junta de acreedores celebrada el pasado 25 de abril.

“Habiendo la respectiva junta, rechazado la propuesta de reorganización, al haber el acreedor hipotecario Banco Itaú no aprobado el mismo en su categoría, se decreta la liquidación de Papelera Dimar”, dijo María Soledad Araneda. La jefa del 3° Juzgado Civil de Santiago designó como liquidador titular a Nelson Machuca y a Loreto Ried como suplente.

Sin embargo, este no fue el fin de la historia. Este lunes, dos grupos canadienses (Signa Trade Finance y Copap Trading) interpusieron una querella por estafa y entrega de información falsa en contra de los directores y el exgerente general de la compañía. Ante el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, los querellantes acusaron a los directivos de Dimar de provocar un perjuicio cercano a los $1.649 millones, en medio de la quiebra declarada.

Piden aclaraciones

En específico, se señala a Francisco Ariztía Reyes, Federico Silva Pizarro, Anibal Ariztía Reyes y Juan Ariztía Reyes, junto con el exgerente general Jonatan Morán Vera, como responsables de una presunta estafa.

La querella expone que se debe aclarar “la eventual participación en estos hechos de los propios directores de la compañía debido a las inconsistencias develadas en la querella presentada por Dimar (por administración desleal contra su gerente general, Jonatan Morán, a fines de noviembre pasado), que permiten presumir que tenian conocimiento de los hechos meses antes”. Esto, debido a la magnitud del perjuicio y la presunta entrega de información falsa sobre la situación económica de la empresa.

Agregaron que “además, resulta necesario que se aclare también la eventual participación directa que estos (directores) pudieran tener en las actividades defraudadoras develadas, toda vez que tanto la magnitud total del perjuicio provocado a sus acreedores ($30.820 millones), como la duración y magnitud del engaño permiten razonablemente presumir que el señor Morán no habria actuado solo”.

La querella apunta que en la sesión de directorio de la empresa del 11 de septiembre de 2023 se dio a conocer que “la situación financiera de Dimar expuesta por Morán no era fidedigna”. Sin embargo, la papelera continuó celebrando operaciones con las empresas canadienses y el gerente general continuó en su cargo.