Diputado oficialista inicia arremetida judicial contra Codelco y SQM por “negociación bilateral a puerta cerrada” del litio en el Salar de Atacama

Este viernes se termina el plazo para que la estatal Codelco y la empresa SQM sellen la histórica alianza para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. Pero la recta final ha estado marcada por controversias, desde la oposición de la empresa china Tianqi, dueña del 22% de las acciones de SQM, y los cuestionamientos a la presencia de Julio Ponce Lerou, exyerno de Pinochet, en el directorio.

Ahora se suma una denuncia penal que interpuso el diputado Cristian Tapia (independiente pro PPD) en contra de SQM y Codelco por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y administración desleal, debido a la negociación entre ambas empresas. La acción penal, presentada en la Fiscalía Centro Norte, apunta a quienes “resulten responsables” de estos supuestos delitos.

“Este acuerdo negociado entre cuatro paredes, sin cumplir con mínimos estándares de transparencia, afecta gravemente el patrimonio fiscal, entregando sin licitación las utilidades en la explotación de litio en pertenencias del Estado a SQM“. El parlamentario enfatizó que “tal como ocurrió en las privatizaciones de finales de los 80, SQM está asegurando la extensión de su contrato para explotar el Salar de Atacama hasta el año 2060, sin pagar prácticamente nada, según por lo demás lo sostuvo el propio gerente general de dicha empresa, Ricardo Ramos, en una junta de accionistas efectuada el día 21 de marzo de 2024″.

Un acuerdo poco favorable para el país

En su denuncia, el diputado de Vallenar argumenta que “Chile tenía una valiosa oportunidad de licitar el Salar de Atacama, asegurando para el país el máximo beneficio que el litio representa en la actualidad para la transición energética”. Agregó que “había diversas opciones para llevar a cabo la licitación, a través de procedimientos públicos y transparentes, manteniendo el control estatal, pero se eligió una negociación bilateral a puerta cerrada que, en última instancia, concede a SQM el 49,999% de la nueva empresa que producirá 300.000 toneladas anuales de litio durante 30 años”.

El diputado también criticó a Corfo, señalando que ha incurrido en omisión de sus deberes de fiscalización al aceptar este “acuerdo altamente favorable para la empresa y extremadamente perjudicial para el interés público”. Tapia recalcó que “lo anterior resulta relevante, ya que es Corfo la entidad del Estado que tiene a su cargo el resguardo del enorme patrimonio fiscal constituido por las pertenencias mineras de litio en el Salar de Atacama, al estar inscritas a su nombre”.

Tapia manifestó que “los hechos que se denuncian forman parte de la negociación más relevante para el interés público de las últimas décadas y que tendrá un enorme impacto no solo en las arcas fiscales, sino en las comunidades que viven en la Región de Atacama durante, al menos, los próximos 35 años“. Por esto, solicitó que “estos hechos que revisten caracteres de delito sean investigados a fin de esclarecer la verdad de lo sucedido, y en su caso, se definan y hagan efectivas responsabilidades, actuando dentro del ámbito de su competencia”, resaltó.