Violación fue la causal más invocada para abortar en Chile en los primeros tres meses de 2024: los modelos de Ley de Aborto que estudia el Gobierno

Minutos antes del inicio de la cuenta pública, y antes de que comenzara a circular —por error de la Secretaría de Comunicaciones (Secom)— el link con los 61 anuncios presidenciales, el equipo de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cerró entrevistas posteriores al discurso con la mayoría de los canales apostados a las afueras del Salón de Honor del Congreso. El anuncio “fuerte”, adelantaban, venía en la cartera liderada por Orellana.

La discusión sobre el aborto legal y la modificación al reglamento de la actual Ley de Interrupción del Embarazo hizo que nueve parlamentarios —de Chile Vamos, el Partido Social Cristiano y republicanos— se pararan de su silla y abandonaran la ceremonia. 

La señal hacia ese electorado clave en el último plebiscito y la base de respaldo femenina del Presidente Gabriel Boric fue bien pensada. Y en el oficialismo fue visto como una forma de hacer frente al discurso instalado de que los avances de esta administración no están relacionados a las promesas que más identifican a su sector, o con las que ganó la presidencia el Mandatario.

“No creo que a uno se le pueda juzgar por pretender cumplir sus convicciones (…). Me sorprende que haya sorpresa en una causa que ha sido una bandera del mundo progresista”, afirmó ayer el Mandatario en entrevista con CNN Radio.

El camino de acá a diciembre, mes en que está estipulado que el gobierno envíe el proyecto al Congreso, será cuesta arriba para Orellana; la ministra de Salud, Ximena Aguilera y el enlace entre La Moneda y el Poder Legislativo, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde. Al menos nueve parlamentarios oficialistas, entre diputados y senadores, han manifestado reparos valóricos respecto a la discusión. 

Eso, sumado a la furia que desató en las filas de los “aliados” de gobierno, la Democracia Cristiana (DC), hace que hoy el gobierno no tenga los votos para hacer avanzar la discusión. Y eso, sin contar las críticas de quienes están a favor, pero que aseveran que el contexto político no admite que aborto sea una prioridad en la discusión.

Los modelos de Ley de Aborto que se revisan

En los seis meses que restan, en La Moneda admiten estar revisando distintas experiencia comparadas sobre interrupción del embarazo y proyectos que quedaron archivados.

Aún no hay un “anteproyecto” ni tampoco está definido si la idea de legislar ingresará a través de la Cámara de Diputados o el Senado.

Uno de los proyectos que se ha revisado es el del programa de la senadora y excandidata presidencial, Yasna Provoste (DC), que establecía la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.

La representante por Atacama fue una de las voces más críticas tras la cuenta pública. No por una oposición en su postura, sino por el nulo aviso previo a su colectividad y cómo el anuncio puso en juego la relación con su partido para la aprobación de otras reformas clave.

También se tienen en cuenta las intervenciones de la exdiputada del Partido Humanista —y una de las pioneras en hablar de aborto en el Congreso tras el retorno a la democracia— Laura Rodríguez; el proyecto de aborto terapeútico de la exparlamentaria PPD, María Antonieta Saa; la Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos de inicios de los 2000. 

Eso, entre otras mociones más recientes, como el proyecto de despenalización del aborto en toda causa presentado por la diputada Maite Orsini (RD), rechazado en 2021.

Alemania, Francia y Uruguay

A nivel internacional, desde Mujer, se mira de cerca la experiencia de Alemania: el país está en medio de un debate sobre la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Y aunque en la actualidad sigue siendo ilegal, no está penalizado y se permite su práctica previo asesoramiento a la mujer y con una espera de tres días ante la eventualidad de que se quisiera echar pie atrás en la decisión. 

El otro ejemplo es Francia. A inicios de marzo, se le otorgó rango constitucional al derecho a la interrupción del embarazo como una manera de “blindar” ese derecho. En el país galo, la normativa permite el aborto inducido hasta las 14 semanas. 

A nivel sudamericano, el modelo a considerar es el uruguayo. La ley, ya con 11 años de vigencia, permite el aborto legal hasta las 12 semanas —14, si el embarazo es el resultado de una violación y sin plazos ante anomalías fetales o riesgo de vida de la madre— pero ahí también se mira de cerca la experiencia con la objeción de conciencia. 

Uno de los antecedentes de los monitoreos que hacen organizaciones pro-aborto es que en localidades como Colonia del Sacramento, las mujeres que optan por la interrupción del embarazo deben trasladarse a otras zonas de Uruguay como su capital, Montevideo: allí existen localidades completas donde los médicos en su totalidad son objetores de conciencia.

Panorama, advierten en el Ministerio de la Mujer, no muy distinto al de Chile.

El nuevo reglamento de la Ley de Aborto en tres causales

En el país, además de la objeción de conciencia para el personal de salud, 20 centros de salud privados están acogidos a la objeción de conciencia institucional. 

Es el caso de los centros de atención de la Red UC Christus, de la Universidad de Los Andes, el Hospital Parroquial de San Bernardo, los asociados a la Iglesia Adventista y Clínica Indisa en todas sus sedes. Estos últimos solo son objetores en la tercera causal (violación), mientras que el resto de los recintos de salud lo han definido para todas las causales. La información es pública en la página del Ministerio de Salud.

Frente al anuncio de la Ley de Aborto, las modificaciones anunciadas al reglamento que establece los términos de funcionamiento de la Ley de Interrupción del Embarazo en tres causales pasaron más desapercibidos. 

Aún bajo el análisis de la Contraloría General de la República, delimita —entre otros aspectos— que solo pueden ser objetores profesionales de la salud en recintos habilitados para procedimientos de aborto y que se desempeñen en el pabellón, directamente en dichos procedimientos. Además de nuevas normas respecto a la información visible de la Ley 21.030.

Pero en particular, la nueva disposición que exige una distribución de turnos con personal no objetor y considerar como un factor “positivo” en la contratación de personal en la red pública no ser objetor de conciencia ha sido objeto de críticas. 

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, expresó en su cuenta de X que “el cambio de reglamento de aborto en tres causales enviado a Contraloría merece un análisis crítico. Propone una discriminación de contratación probablemente inconstitucional”.

Los números de las “tres causales”

Ahora, el espíritu de la modificación incluida desde el ministerio de la Mujer, explican, es otro: el reporte de distintos casos de mujeres en distintas zonas del país donde se deben gestionar traslados —en algunos casos, de más de una región de distancia— para practicar la interrupción del embarazo al no tener una alternativa cercana con profesionales de la salud que no sean objetores de conciencia.

“Existen cinco hospitales públicos en nuestro país donde el 100% de los obstetras son objetores de conciencia en la causal de violación”, afirmó hace algunos días la ministra Orellana.

Las cifras de la Ley IVE publicadas por el Departamento de Estadísticas en Salud (DEIS), desde que se reportan estadísticas (2018) a su última actualización a marzo de este año, revelan que en 5.063 ocasiones se ha constituido alguna causal de las dispuestas en la normativa.

En 4.290 de estos casos se ha optado por la interrupción del embarazo, en 759 se ha continuado la gestación y en una cifra menor, otros 14 casos —todos atribuibles a la causal 1, de riesgo vital para la madre— se reportan como “no aplica / inconsciente”.

Así, en los primeros tres meses de 2024, la causal más invocada ha sido la de violación. La tendencia del primer trimestre marca un cambio en la tendencia de años anteriores, donde la patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida (causal 2), lideraba en la estadística sanitaria.

Una de las explicaciones es que la inclusión a las Garantías Explícitas en Salud (GES) de la atención integral ante una agresión sexual ha permitido pesquisar con mayor precisión las interrupciones del embarazo debido a una violación.

De los casos en menores de edad desde que rige la normativa, la Ley IVE se ha invocado en 388 veces desde su implementación y, en su mayoría, por la causal 3 de violación. 306 gestantes han elegido la interrupción del embarazo y 82 han continuado la gestación. La estadística también da cuenta que 10 niñas de 11 años han accedido a un aborto: la menor edad registrada para este procedimiento.