Columna de Gloria Hutt: La institucionalidad como garantía

¿Qué podrían tener en común Diosdado Cabello, el embajador Velasco, la rectora Rosa Devés y el poder judicial de Chile? Lo que a simple vista parece un conjunto de eventos independientes, cada uno con su propio contexto y consecuencias, es en realidad el mal síntoma de la débil situación en que se encuentra nuestra institucionalidad, su funcionamiento y, especialmente, la defensa de ella.

En efecto, el segundo hombre del régimen de Maduro se permite descalificar al Presidente de la República de Chile, sumándose a las burlas del Fiscal Nacional de Venezuela sobre nuestro sistema de justicia. Eso constituye una clara agresión a la institucionalidad. Cuando el gobierno no reacciona en forma contundente, con un reclamo formal o con el retiro temporal del Embajador, se está permitiendo el debilitamiento de la figura presidencial y se normaliza la aceptación de insultos como parte de la dinámica política, lo que es particularmente grave en el campo de las relaciones internacionales.

Por otra parte, cuando el embajador Velasco se vale de su tribuna para emitir opiniones personales que pueden comprometer la política exterior de Chile, también está debilitando la institucionalidad. Pierde de vista la importancia y responsabilidad de su rol, y no protege el cargo como una instancia de servicio al país por sobre su postura ideológica. Al mismo tiempo, cuando el Presidente, haciendo uso de sus facultades, prefiere mantenerlo en el cargo a pesar de sus ya reiteradas actuaciones negativas, cuyo impacto público excede largamente la discusión de sus logros, la institucionalidad pierde. 

También pierde la institucionalidad cuando se revelan actuaciones transaccionales en el nombramiento de jueces, abriendo la especulación sobre tráfico de favores y minando gravemente la confianza ciudadana en una justicia igual para todos. 

El marco institucional tiene un rol clave en sostener nuestra vida social y política, por lo cual requiere un tratamiento especialmente cuidadoso, que incluye la comprensión del alcance conceptual, más allá de lo administrativo. No basta con cumplir la regulación ya disponible.

Carabineros no es solo un grupo de funcionarios preparados para resguardar el orden público: se trata de una organización que logra, en el ejercicio de su tarea, proteger la libertad de las personas para desplegar sus proyectos de vida. Por eso, las acciones dirigidas a refundar la institución tenían un objetivo que sobrepasa un cambio administrativo: buscaban reducir la confianza ciudadana, con su consiguiente pérdida de libertad.

Cuando el poder judicial es afectado por malas prácticas en los mecanismos de selección de los jueces, debe levantarse una alarma urgente. Nuevamente aquí se debe proteger la institucionalidad. Para los ciudadanos, disponer de un grupo independiente de especialistas dedicado a resolver, por ejemplo, disputas comerciales, interpretar las leyes y determinar la justicia de diversas situaciones familiares, comerciales o delictuales, es garantía de protección en sus actuaciones. 

Por el contrario, cuando la rectora Rosa Devés se niega a ceder a las presiones de un grupo minoritario que promueve el camino violento, está tomando como bandera la defensa de lo institucional: la universidad es el lugar para discutir los temas con seriedad y rigor, es el marco que acoge el conocimiento, lo respeta y lo cultiva. A pesar del costo de las críticas, descalificaciones e insultos, ella se juega por resguardar el interés universitario y ejerce el rol consciente de su responsabilidad. 

En todos estos casos queda en evidencia el riesgo en que se encuentra el marco que nos rige en muy diferentes ámbitos, no tanto por su propia insuficiencia, lo que es mejorable, sino por la disminuida conciencia de lo importante que es para el país. 

Tal vez el origen del desgaste provenga del discurso refundacional propuesto por la izquierda más radical. Luego se acentuó en el primer proceso constitucional, quedando en evidencia una fuerza de deterioro y cancelación que sin prudencia alguna proponía cambiar todo el marco que nos resguarda.

El segundo proceso constitucional proponía una serie de cambios que buscaban reforzar las instituciones. En particular el poder judicial, con un nuevo sistema de nombramiento de jueces y prioridad en impartir justicia. Un cambio sustantivo en el sistema político y el funcionamiento del parlamento, buscando estabilizarlo y recuperar así la confianza ciudadana. Las limitaciones y obligaciones propuestas para el Poder Ejecutivo buscaban asegurar una adecuada respuesta a las demandas ciudadanas, con transparencia, eficiencia y control de cumplimiento de las propuestas programáticas.

Todo eso, que parece tan evidente, está en la base de la desconfianza que las personas manifiestan hacia las instituciones y explica por qué crece la percepción de inutilidad de ellas. El funcionamiento correcto de las instituciones es la garantía que tienen los ciudadanos para vivir con tranquilidad y confianza en sus comunidades. Actuar respetando el ejercicio de cada cargo público con seriedad y eficacia, sería un gran punto de partida para recuperar la valoración y el respeto ciudadano.