Juan Carlos Manríquez, el nuevo abogado de Jadue que ha representado a Karina Oliva, al exdirector de la PDI y a Marco Enríquez-Ominami, entre otros

Esta jornada el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez, parte de la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, informó que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación judicial del jefe comunal. Sin embargo, también dio otra notificación: que al equipo de representantes de Jadue se sumaba un nuevo abogado. Se trató de Juan Carlos Manríquez, connotado penalista que ha prestado su representación en varios casos bullados en los últimos meses.

Sin ir más lejos, Manríquez también lleva la representación de la familia del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Pero, posteriormente, también asumió la defensa del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, quien está siendo investigado por una arista del Caso Audios, luego de que se señalara que habría liberado información confidencial de la institución que lideraba al abogado Luis Hermosilla.

En todo caso, Manríquez tiene un vasto historial en casos de corrupción. Así lo demuestra su expediente, en donde se consideran clientes transversales del mundo político. Por ejemplo, entre ellos se cuenta a Karina Oliva, excandidata a gobernadora regional y senadora. La exmilitante de Comunes tiene una investigación en curso por un presunto fraude de subvenciones en el partido del que formaba parte.

A la exfrenteamplista también se suma el excomandante en jefe del Ejército, el general (R) Ricardo Martínez. Al militar también se le ha investigado por presunta corrupción al interior de la institución castrense.

Isasi y ME-O

De vuelta a la arena política, Manríquez también fue defensor de la exdiputada Marta Isasi. La parlamentaria se convirtió junto al exsenador Jaime Orpis en los primeros en ser condenados por financiamiento ilegal de la política.

Marco Enríquez-Ominami es otro nombre que el abogado penalista conoce de cerca. En 2016, le defendió en el caso SQM, cuando el exlíder del PRO estaba siendo formalizado como facilitador de facturas falsas hacia la empresa minera.