Ministro Diego Pardow y alza de la luz: “Lo que está costando este proceso te hace mirar de manera crítica el congelamiento de tarifas”

“Deuda que no se paga, sale más cara”, afirmó el Presidente Gabriel Boric a mediados de esta semana, a propósito del aumento de las tarifas eléctricas. Para el Mandatario y su ministro de Energía, Diego Pardow, pese a la controversia que ha desatado en partidos de la propia alianza de gobierno, volver a congelar el precio del suministro no es una opción viable.

En medio del denominado estallido social de 2019, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera congeló los precios de la electricidad. Medida que se mantuvo durante la pandemia y que la administración Boric refrendó con un nuevo fondo de estabilización en 2022 (PEC 2, o Ley 21.472).

Pero el déficit —detalla Pardow— crecía día a día a razón de $3 millones de dólares. “Los contratos con los cuales se compra energía son en dólares por megawatt de electricidad. Y si en 2019, el tipo de cambio era, más o menos, de $650 pesos, hoy está cercano a los $950 (…). Cada vez que se consumía un electrón y se pagaba a $650, la diferencia iba quedando acumulada en una cuenta por cobrar”, explica.

El ajuste, admite, era “difícil de evitar”. La nueva ley de estabilización tarifaria, aprobada por el Congreso en abril de este año, y las alzas anunciadas en los recibos de la luz tienen hoy al ministro al centro de la controversia, incluso con personeros del oficialismo que exigen medidas para mitigar el aumento en los cobros y apuntan a que Energía no entregó toda la información referida a alzas durante la tramitación del proyecto. 

Pardow responde a esas acusaciones: “El modelo con el que se construyó, la información que alimentó el modelo, se trabajó en conjunto con el Congreso. Este fue un debate informado”.

—Para entender, ¿cómo se llega a este mecanismo de “descongelamiento” de la tarifa eléctrica y por qué el fondo de estabilización del período del exministro Claudio Huepe —que a usted le tocó implementar— quedó “obsoleto”?

—Pocos días después del estallido social se establece la primera legislación que congela los precios de la energía. Después se hace una segunda legislación que congela los precios de la distribución. Y en el 2022 se adopta este mecanismo (PEC 2) que, comparado con el anterior, es más complejo. La toma de razón (del reglamento de implementación) tomó mucho tiempo, se ingresó en enero de 2023 y en julio salió. 

Controlaría, de manera completamente legítima, interpretó que el PEC 2 funcionaba con un “techo de endeudamiento”. Todas las modelaciones estaban hechas considerando que ese techo de endeudamiento no consideraba los intereses, pero la Contraloría interpretó que sí. Para explicarlo: el espacio de escalonamiento de las alzas se terminó inmediatamente. Un espacio de escalonamiento que tenía que durar muchos años (hasta 2032) se terminó. 

—Y a mediados del año anterior, se empieza a trabajar este descongelamiento.

—Con esa nueva realidad, se hace un nuevo informe técnico por parte de la Comisión Nacional de Energía, que determinó cuáles eran las consecuencias concretas de este agotamiento del margen de endeudamiento del sistema: lo concreto era que a las pymes, a los servicios de agua potable rural y a consumidores vulnerables que en muchos casos comparten medidor, había que duplicarles la cuenta —un 100% de alza— y volver a duplicarla el semestre siguiente. Esto, obviamente, podía tener impactos productivos severos y ahí es donde empezó un análisis en conjunto con el Senado, contratamos consultores conjuntamente (…). En enero se presentó la ley, en abril se aprobó, en mayo se publicó. Hoy estamos en proceso de implementación. 

—Parecía inevitable, entonces, el ajuste o sinceramiento de tarifas. ¿Es algo que tuvo en cuenta La Moneda, el comité político para poder enfrentar los ribetes políticos de esta situación?

—Sí. Una parte importante de este aumento es solamente sincerar los precios de la energía de hoy, a 2024, y eso es bien difícil de evitar. Si uno quiere evitar eso, en el caso de las personas más vulnerables, lo que hace es dar subsidios y eso es lo que estamos haciendo. La ley PEC 2 creó una mesa de trabajo que a mí me tocó implementar, y una de sus conclusiones es que cualquier proceso como este necesitaba de una política de subsidios. Por eso es que se incluyó en la siguiente ley.

“(La fórmula) que ha salido como propuesta es una sobretasa al impuesto al carbón, una sobretasa temporal del impuesto a las emisiones de carbono, que, dependiendo de la magnitud de la tasa, permitiría, incluso en su versión más alta, duplicar la cobertura del subsidio (eléctrico)”, adelanta el ministro Diego Pardow.

—Hoy las presiones de su sector son para ampliar el alcance del subsidio. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que no hay fondos. Mientras que el Presidente Gabriel Boric afirmó que se está buscando una fórmula. ¿Qué es lo que podría adelantar usted?

—Lo que dijo el ministro Marcel y lo que dijo el Presidente es exactamente lo mismo: hoy no hay holguras fiscales, pero tenemos que buscar la manera de financiar la extensión de este subsidio (…). Necesitamos seguir conversando sobre dos cosas que están explícitamente en la ley: mecanismos de financiamiento para el subsidio y otras políticas que permitan disminuir los precios de la electricidad. Ampliar el subsidio es una idea que siempre ha estado ahí. Ha sido parte de la conversación desde el principio y fue, en parte, la razón por la cual algunos diputados decidieron aprobar el proyecto en abril.

—¿Qué fórmulas han estado sobre la mesa para recaudar los fondos y aumentar ese subsidio?

—Los temas que han salido hasta ahora, han salido como propuesta una sobretasa al impuesto al carbón, una sobretasa temporal del impuesto a las emisiones de carbono, que, dependiendo de la magnitud de la tasa, permitiría, incluso en su versión más alta, duplicar la cobertura del subsidio. Eso, de hecho, es una indicación que había presentado el diputado (Jaime) Mulet en la Cámara y que en su momento también el diputado (Jorge) Brito la incluyó en la Sala y estuvo cerca de ser aprobada.

—Ha recalcado que el mecanismo de estabilización de la tarifa fue conversado y discutido con el Congreso. ¿A qué atribuye las críticas de la Presidente de la Cámara, Karol Cariola (PC) o de otros personeros oficialistas?

—Este es un anuncio que no le gustaría dar a ningún ministro, a ningún gobierno, y ciertamente entiendo que para los parlamentarios también es una noticia difícil de comunicar. Nosotros somos un gobierno responsable y esta es la situación que nos toca. Uno no la elige y solo tiene que tratar de solucionar los problemas que se le presentan. Mi impresión es que hay diputados que están teniendo un problema con lidiar con el impacto que supone esta noticia. Pero desde lo técnico, el modelo que se construyó, la información que alimentó el modelo, se trabajó en conjunto con el Congreso.

Se evaluaron muchas alternativas, se discutieron cosas mucho más detalladas como: “¿Qué tipo de dólar se iba a utilizar?”, “¿Cuál era el horizonte temporal?”, “¿Cuándo empezaba el proceso de ajuste?”. La apertura a recibir información fue completa. Y, por cierto, hubo quienes consideraron que este proyecto era insuficiente. Los diputados que se oponían a esto tuvieron un espacio en la Comisión de Energía o en la Sala, en sus intervenciones. Este fue un debate informado, donde la información necesaria para tomar la decisión fue discutida. 

—¿Se facilitó la información, proyecciones sobre el alza?

—Por cierto. Desde el Ejecutivo y en las comisiones, que es donde usualmente esto ocurre. Se invitó a muchos participantes y varios de ellos hicieron cálculos sobre las proyecciones a futuro. Las personas que se oponían al proyecto tuvieron la oportunidad de presentar sus sus objeciones. Y a la hora de votar, esas diferencias se votaron en la sala del Congreso. El proyecto tuvo 101 votos a favor, 10 votos en contra y cerca de 20 abstenciones. La diputada Cariola votó en contra, por ejemplo.

—Decía que para algunos parlamentarios supone un impacto negativo explicar el alza tarifaria aprobada con el Ejecutivo, ¿cree que tras las críticas hay una preocupación por el impacto político? Este es, nuevamente, un año electoral.

—Este es un año electoral, pero el siguiente también es electoral y todos los años (de este gobierno) han sido electorales. Entonces, un ajuste de este tipo evidentemente iba a coincidir (…). Entiendo que hay una tentación en enfocarse en las voces discordantes, en las que plantean conflictos, pero hay una cara que a mí, en lo particular, me resulta reconfortante de la política chilena, que es la que es capaz de llegar a acuerdos. Y es lo que me permite mirar esta mesa de trabajo donde seguimos haciendo el esfuerzo con optimismo de que vamos a seguir trabajando en entregar soluciones concretas.

—No es la primera vez que hay conflictos en torno al alza. El exministro Juan Carlos Jobet, en octubre de 2019, afirmó que el aumento se debía a los contratos con cláusulas de reajuste en dólares en 2014. Y por el conflicto actual, el exministro Máximo Pacheco también ha apuntado al expresidente Piñera por prolongar el congelamiento de tarifas. ¿Quién tiene la responsabilidad?

—Creo que no les va a gustar mi respuesta. La política tiene momentos de responsabilidad y buscar responsabilidades es típicamente un ejercicio de apuntar con el dedo. Es un ejercicio necesario, pero lo tenemos que hacer después de que esta implementación esté materializada porque si empezamos a buscar responsabilidades antes de tener una solución en marcha, arriesgamos la posibilidad de que esa solución, que es muy necesaria, no pueda ocurrir.

—A la luz de la evidencia, ¿no cree que el congelamiento de precios en todo ámbito es una política pública que debe estar vetada en el futuro?

—Lo que está costando este proceso te hace mirar de manera crítica el congelamiento de tarifas, pero también hay que tratar de ponerse en esas circunstancias, cuando se tomaron esas decisiones. Y eso es algo que creo que se va a hacer de mucho mejor manera una vez que el proceso esté completado.

—Sobre los componentes del alza, se ha dicho que sumar al sistema de distribución energías renovables (solar, eólica) ha tenido un costo mayor. ¿Está relacionado?

—Las subastas pre-2015 son, en términos generales, 100 dólares por megawatt más caras que las energías nuevas, o contratos nuevos. Las subastas que vienen después del 2015, que son las que típicamente involucran la penetración de energías renovables, son más bajas. Para explicarlo: a los clientes se les suministra una canasta de contratos y actualmente (las energías renovables) representan un poco más de un cuarto de esa canasta.

—En la oposición, por la controversia a partir del aumento tarifario, se ha levantado la idea de interpelarlo. ¿Con qué ánimo recibe esa idea?

—Si la Cámara de Diputados decide interpelarme, son las reglas del juego constitucional en las que estamos los ministros. Estamos muy disponibles para dar esas explicaciones, en ese formato o en el que sea. Lo dije el otro día en la Comisión de Energía de la Cámara: voy a ir todas las veces que sea necesario y que necesiten. Y si quieren, les podría preparar presentaciones individuales respecto de lo que pueden esperar en cada uno de sus distritos.

A estas alturas del partido, la ley es ley y ya sabemos con precisión cuáles son las alzas en cada uno de las regiones de nuestro país. Estamos muy disponibles a dar esa explicación en el formato que prefieran. Si es en una interpelación, así será. O si es en una citación a la comisión, o incluso, si hay algunos diputados que prefieran escribirme por WhatsApp o llamarme por teléfono lo pueden hacer. 

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