Columna Marco Moreno | Evelyn Matthei versus La Moneda

El adelantamiento de las líneas de la carrera presidencial en la derecha está obligando a los posibles candidatos/as a buscar mayor protagonismo y posicionamiento en la opinión pública. El alcalde Rodolfo Carter ha apostado por la espectacularización de la política. Es frecuente su participación en los matinales de televisión y en acciones mediatas que le generan redito en términos de posicionamiento público.

José Antonio Kast ha buscado una agenda más política, que apuesta por una estrategia populista y de polarización en sintonía con el discurso de otras derechas radicales (seguridad, inmigración, etc.). De este modo el tácito acuerdo entre Kast y Carter que busca desplazar a Matthei de su posición de favorita, sumado al clima de la opinión publicada de recuperación del apoyo del Gobierno, encendieron las alertas en el entorno de la alcaldesa de Providencia.

La estrategia de Matthei no solo busca golpear al Gobierno al igual que lo hacen sus contrincantes en el bloque opositor. Pareciera ser que la alcaldesa intuye que su toma de frente a La Moneda le puede rendir resultados de cara a la ciudadanía. Esto sería así porque paradójicamente lo que haga o no el Gobierno con relación a ella puede incidir en la disputa en la derecha. Matthei y su entorno intuyen que finalmente será decisión del Gobierno a quién le responde y a quién ignora. Por eso es que la apuesta de Matthei es convertirse en la contradictora del Presidente Boric y su gobierno. 

La disputa elegida por Evelyn Matthei y su entorno es hoy la lucha contra el financiamiento de la política por el narcotráfico. En Chile, la lucha contra la corrupción y el financiamiento ilícito de la política ha tomado un nuevo frente: el debate sobre el levantamiento del secreto bancario. Esta medida, que busca escrutar las finanzas de los políticos para detectar posibles vínculos con actividades delictivas como el narcotráfico, ha generado un intenso debate.

A primera vista, la propuesta promete una mayor transparencia en una esfera donde la claridad y la confianza pública son esenciales. Sin embargo, no todos comparten totalmente la idea o colocan condiciones, como lo ha señalado la alcaldesa de Providencia con relación al rol del SII. Ya en otras oportunidades (como ocurrió con el SERVEL) Matthei ha contribuido al proceso de erosión de la confianza en instituciones con sus cuestionamientos con poca evidencia y sustento, como lo hace nuevamente ahora con el SII al cuestionar la imparcialidad del servicio.

La propuesta de levantar el secreto bancario se presenta como una herramienta poderosa para prevenir la corrupción. Permitiría a las autoridades fiscales y judiciales acceder a información financiera que podría revelar no solo evasiones fiscales, sino también conexiones preocupantes entre el dinero del narcotráfico y los fondos de campaña o patrimonios personales de los políticos. Desde esta perspectiva, la medida es un paso adelante hacia una democracia más limpia y transparente, donde los votantes pueden tener un conocimiento pleno de quiénes son sus representantes y cómo se financian sus actividades políticas.

Contrario a esta visión progresista, Evelyn Matthei y otros críticos argumentan que tal medida podría infringir derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos personales. Matthei ha expresado preocupaciones sobre cómo esta ley podría ser utilizada para fines políticos, potencialmente orquestando persecuciones contra adversarios políticos bajo la fachada de la legalidad. Además, se plantea el riesgo de que la información sensible pueda ser mal manejada o filtrada, poniendo en peligro no solo la privacidad individual sino también la seguridad económica.

Esta postura refleja un dilema central en la política moderna: el balance entre seguridad y privacidad, transparencia y protección de datos. Mientras los defensores de la medida la ven como un paso necesario para limpiar la política, los detractores, como Matthei, advierten sobre los peligros de una herramienta que podría ser tan perjudicial como beneficiosa. De paso con su argumentación erosiona la confianza institucional de un servicio como es el SII en el cual la ciudadanía sigue teniendo altos niveles de confianza.

Como sociedad, debemos preguntarnos qué valoramos más: ¿la privacidad de unos pocos o la transparencia para todos? ¿Es aceptable sacrificar algo de privacidad por un bien mayor como es la lucha contra la corrupción y el financiamiento ilícito? La respuesta no es sencilla y requiere un debate profundo más allá del uso político que la alcaldesa pretende para sofocar la disputa por el tema presidencial en la derecha.